Algunas de las claves del acuerdo PP-Vox en Castilla y León

Vox afirma haber alcanzado un acuerdo de gobierno con el PP para dotar a Castilla y León de un Gobierno sensato, cambiar el rumbo de la región y garantizar «estabilidad, solidez y gestión eficaz»

La defensa del mundo rural, poner fin del gasto superfluo, lucha contra la despoblación y ley de violencia intrafamiliar son algunas de las claves del nuevo acuerdo, que todavía está por ver si el PP termina respetando.

El pacto alcanzado por ambas formaciones incluye 11 ejes de gobierno y 32 acciones. Algunas de las cuales pasan por la defensa del mundo rural, el reconocimiento del carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera, el mismo reconocimiento para la industria agroalimentaria, el favorecimiento de la reindustrialización, y la promoción del equilibrio territorial entre todas las provincias, a través de planes de inversión, fomento y desarrollo.

Como adelantábamos ayer en Nuestra España, el que el PP tendrá la presidencia de la Junta de Castilla y León y siete de las diez consejerías, y VOX contará con tres consejerías y la vicepresidencia.

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El acuerdo incluye la aprobación de una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar «para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas»; el impulso de una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar; el apoyo a la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos; y la reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos (lo que teniendo en cuenta las ideas de Vox lleva a pensar en las llamadas «políticas de igualdad» de la izquierda.

El acuerdo también habla de consolidar un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y la capacidad, que tenga por objeto la excelencia, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico; así como la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos.

Estos conceptos, de llevarse a cabo, supondrían un giro de 180 grados en las políticas llevadas a cabo por el estado y las distintas autonomías en los últimos quince años.

El pacto entre PP y Vox promueve una «inmigración ordenada»

Entre otras cuestiones, el documento se compromete a aprobar una «ley de lucha contra la violencia intrafamiliar» para proteger a «todas» las víctimas. Una de las principales peticiones programáticas de la formación pasaba por «eliminar cualquier tipo de discriminación en la atención a las víctimas de violencia doméstica«.

PP y Vox se comprometen a «actualizar» sin derogar la normativa vigente, con el objeto de extender esa «protección» a «menores, mayores» o «personas con discapacidad o vulnerables».

Aunque todavía falta mucho por concretar, PP y Vox se han comprometido a promover en Castilla y León una «inmigración ordenada» desde la «integración cultural, económica y social» y «en contra de las mafias ilegales».

En el acuerdo de Gobierno no aparecen referencias a la intención de Vox de derogar la ley de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. Tampoco ha aceptado Alfonso Fernández Mañueco la reducción en el número de consejerías tal y como pedía Vox.

Cambios sustanciales en fiscalidad y mundo rural

El documento recoge también diversos compromisos para apoyar a la familia como «institución básica de la sociedad». Promueve una política de baja fiscalidad, con la promesa de reducir los impuestos autonómicos, y defiende la «reindustralización y aprovechamiento de los recursos propios» de la región, sobre todo en lo relacionado con el mundo rural.

En este punto, el futuro Gobierno de coalición en Castilla y León se compromete a «proteger» los productos autóctonos frente a la «competencia desleal del producto extracomunitario», así como a la promoción de la industria agroalimentaria como clave de la consolidación de la población en las áreas rurales en el marco de la lucha contra la despoblación.

El primer punto del acuerdo pasa por impulsar una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, que incluya «medidas de apoyo a la actividad productiva, internet y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural».

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