Abogados Cristianos solicita a la justicia la retirada de la bandera LGTBI izada por el Ayuntamiento de Sevilla en la glorieta de Avenida Andalucía

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha solicitado al juez medidas cautelarísimas para la retirada la bandera LGTBI que el Ayuntamiento de Sevilla ha izado en la glorieta de la Avenida Andalucía donde siempre ha ondeado la bandera de Andalucía.

Abogados Cristianos anuncia que, de no retirar dicha bandera, “estudiará acciones penales contra el alcalde de la ciudad, Juan Espadas”

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha recordado que “el Tribunal Supremo ha sido claro al sentar como doctrina que solo pueden izarse banderas oficiales para cumplir con el deber de neutralidad de las administraciones públicas. El año pasado por estas fechas la justicia nos dio la razón en varias ciudades como Valladolid o Zaragoza”.

Castellanos ha insistido también en que la doctrina del Tribunal Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos.

La sentencia dictada por el Supremo STS 1163/2020 fija como doctrina que:

“No resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

La presidenta de Abogados Cristianos ha pedido que “los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados”. Critica además que “muchos políticos hacen con la bandera arco iris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Cataluña o las ikurriñas en Navarra”.

Ha resaltado que “se trata del mismo caso que con las banderas independentistas. No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía”, asegurando que “no es aceptable que se utilicen las instituciones públicas para imponer una ideología”.

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