15 millones de golpe y 89.000 euros al día de multa paga España a la UE por excederse en tres años del plazo límite en proteger el uso de datos personales

La Unión Europea ha impuesto dos catastróficamente elevadas multas a España por no transponer su directiva sobre la protección de datos de los ciudadanos por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, , los órganos judiciales y la Fiscalía.

La primera multa ha sido de 15 millones de euros de golpe y la segunda nos cuesta 89.000 euros al día.

España no dejará de pagar tan elevada suma diariamente hasta que se apruebe la nueva ley orgánica que incorpora la normativa europea en nuestro país.

La directiva fue aprobada en 2016 y el plazo máximo para incorporarla acabó en 2018. No ha sido hasta el 25 de febrero de 2021 que la UE ha dictado sentencia al respecto, pero la ley que debió haber sido aprobada hace tres años aún se está tramitando en el Senado-

La responsabilidad de tamaño desastre recae sobre el ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, que era quién debía trasponer la directiva.

LA «NUEVA» NORMATIVA

Fueron dos las normativas que aprobó la UE en 2016. Una no necesitaba ser transpuesta puesto que se podía aplicar directamente y trataba de la protección de las personas físicas en lo que al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos se refiere.

La segunda, que entró en vigor el 6 de mayo de 2016 y exigía su transposición en la normativa de todos los Estados miembros y es la que ha llevado a la sanción de España reza así:  «relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo».

El único país que no la ha aprobado todavía es España.

RESPONSABILIDAD DE INTERIOR

La sentencia critica la pasividad de España y rechaza el intento de justificación usado por el Gobierno,  «excepcionalidad de la vida política española», como razón de peso para retrasarse tres años desde el fin de la fecha límite.

El documento señala que con esa norma «se establece un marco para la protección de los datos personales sólido y coherente con el fin de garantizar el respeto del derecho fundamental a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales».

El ministerio del Interior de Marlaska es el que debía preparar el anteproyecto de ley para trasponer la normativa europea, por lo que la responsabilidad de la multa y el retraso recae sobre el Gobierno.

La ley se está tramitando en el Senado, en un plazo máximo de 20 días naturales- esto es, antes del 13 de mayo, debería ser aprobada.

Pero hasta que se apruebe siguen las multas diarias de 89.000 euros.

VOX CRITICA DURAMENTE AL GOBIERNO

VOX ha sido el partido político que más ha criticado la actuación del Gobierno y el pavoroso precio que está pagando España por su pasividad:

«Entendemos que el Gobierno llega tarde y llega mal. El 6 de mayo de 2018 expiró el plazo. El Tribunal de Justicia declara que España ha persistido en su incumplimiento y considera que la condena al pago de una multa coercitiva constituye un medio apropiado para garantizar que dicho Estado miembro ponga fin lo antes posible al incumplimiento declarado».

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